10 de mayo de 2019

En Panamá, como ocurre en muchos otros países, podemos ver cómo poco a poco y gracias a la presión social, al trabajo incansable de grupos de la sociedad civil y a la labor de organizaciones ambientales, estamos logrando impulsar importantes leyes que buscan conservar nuestros recursos naturales y biodiversidad.
El camino hacia una mayor sostenibilidad ambiental tiene una fecha destacada en el calendario: el próximo 20 de julio comienza a regir la Ley 1 de enero de 2018, la cual tiene como objetivo el promover el uso de bolsas reutilizables.

 

En Panamá, como ocurre en muchos otros países, podemos ver cómo poco a poco y gracias a la presión social, al trabajo incansable de grupos de la sociedad civil y a la labor de organizaciones ambientales, estamos logrando impulsar reformas legislativas o sancionando nuevas e importantes leyes que buscan conservar nuestros recursos naturales y biodiversidad. Un claro ejemplo es la Ley 1 de 2018 que prohíbe las bolsas plásticas de polietileno, (entra en vigor el próximo 20 de julio). Sin embargo, y pese los esfuerzos constantes, todavía queda mucho por hacer.
En este contexto, el pasado mes de abril promovimos incansablemente e intentamos impulsar la aprobación del anteproyecto de Ley 66, que regula la utilización del poliestireno expandido (foam) para manejo de alimentos. Un anteproyecto de ley de suma importancia ambiental y de salud pública, pues este material en contacto con los alimentos es cancerígeno, contamina el ecosistema marino y resulta letal para la fauna que lo consume por error. También apoyamos el anteproyecto de Ley 167 que declara área protegida en la categoría de Vida Silvestre a Isla Boná.
Nuestros esfuerzos, en conjunto con otros actores, lograron que el anteproyecto del foam fuera prohijado por la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, y enviado a primer debate. Sin embargo, debido a la incomparecencia de la mayoría de diputados, la ley del foam no prosperó sin ni siquiera ser debatida, al igual que ocurrió con el tema de Boná.
Sin duda, se perdió una gran oportunidad de sentar las bases legislativas en estos temas a nivel ambiental. No obstante, no bajamos los brazos, seguimos trabajando y esperamos que en este nuevo ciclo político que se inicia logremos que la ley del foam logré convertirse en realidad y que isla Boná alcancé la categoría de área protegida.
10 de mayo de 2019

En Panamá, como ocurre en muchos otros países, podemos ver cómo poco a poco y gracias a la presión social, al trabajo incansable de grupos de la sociedad civil y a la labor de organizaciones ambientales, estamos logrando impulsar importantes leyes que buscan conservar nuestros recursos naturales y biodiversidad.
En Panamá, como ocurre en muchos otros países, podemos ver cómo poco a poco y gracias a la presión social, al trabajo incansable de grupos de la sociedad civil y a la labor de organizaciones ambientales, estamos logrando impulsar reformas legislativas o sancionando nuevas e importantes leyes que buscan conservar nuestros recursos naturales y biodiversidad. Un claro ejemplo es la Ley 1 de 2018 que prohíbe las bolsas plásticas de polietileno, (entra en vigor el próximo 20 de julio). Sin embargo, y pese los esfuerzos constantes, todavía queda mucho por hacer.
En este contexto, el pasado mes de abril promovimos incansablemente e intentamos impulsar la aprobación del anteproyecto de Ley 66, que regula la utilización del poliestireno expandido (foam) para manejo de alimentos. Un anteproyecto de ley de suma importancia ambiental y de salud pública, pues este material en contacto con los alimentos es cancerígeno, contamina el ecosistema marino y resulta letal para la fauna que lo consume por error. También apoyamos el anteproyecto de Ley 167 que declara área protegida en la categoría de Vida Silvestre a Isla Boná.
Nuestros esfuerzos, en conjunto con otros actores, lograron que el anteproyecto del foam fuera prohijado por la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, y enviado a primer debate. Sin embargo, debido a la incomparecencia de la mayoría de diputados, la ley del foam no prosperó sin ni siquiera ser debatida, al igual que ocurrió con el tema de Boná.
Sin duda, se perdió una gran oportunidad de sentar las bases legislativas en estos temas a nivel ambiental. No obstante, no bajamos los brazos, seguimos trabajando y esperamos que en este nuevo ciclo político que se inicia logremos que la ley del foam logré convertirse en realidad y que isla Boná alcancé la categoría de área protegida.